Norte de Santander será el primer departamento del país con todas sus zonas productivas estudiadas

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  • Autoridades se comprometieron a analizar 119.000 hectáreas netamenteproductivas, distribuidas en 31 municipios de este departamento. También se diseñará el Sistema de Información Geográfica, una herramienta para la toma de decisiones en la planificación y gestión del territorio en temas ambientales, sociales, económicos y catastrales.
  • Con este nuevo estudio, ya se contará información minuciosa de 142 mil hectáreas netamente aptas para cultivar en esta zona del país

IMG_4902[1]Cúcuta, Marzo 22 de 2016. Con la firma de una carta de intención, el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi Juan Antonio Nieto Escalante, el Gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado y el Director del la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental (Corponor), se comprometieron con los suelos productivos del departamento.

A través de un convenio, el cual está a punto de suscribirse, las tres entidades aunarán esfuerzos para realizar el levantamiento semidetallado de los suelos con potencial productivo de Norte de Santander, el cual tendrá un consto de $1.699.000.000, y que abarcará 119 mil hectáreas de 31 municipios.

Además, esta unión interinstitucional permitirá diseñar e implementar el Sistema de Información Geográfica de Norte de Santander, que permitirá tomar las mejores decisiones de planificación y gestión del territorio, en temas relacionados con medio ambiente, y variables sociales, económicos y catastrales.

Con este nuevo estudio de suelos, Norte de Santander se convertirá en el primer departamento del país con todas sus áreas productivas analizadas, las cuales suman un total de 142.100 hectáreas; el año pasado, el IGAC ya había estudiado varios terrenos del Distrito de Riego del Zulia.

El levantamiento semidetallado de suelos en las 119 mil hectáreas que faltan por estudiar tiene un costo de aproximadamente $1.199 millones; mientras que el valor de la primera fase del Sistema de Información Geográfica es de $500 millones.

Según Nieto Escalante, con esta información no solo se conocerá el cultivo más apropiado para implementar en estos terrenos, sino que fortalecerá la gestión social, económica y ambiental de la región, contribuyendo así con la sostenibilidad del recurso suelo, la adaptación al cambio climático, la mitigación del riesgo y el fomento del desarrollo productivo y ambiental.

“Además, los resultados de dicho estudio le servirán a las autoridades gubernamentales para el ordenamiento y planificación rural, y diseñar e implementar el Sistema de Información Geográfica del departamento, el cual servirá como herramienta de apoyo para la toma de decisiones en la planificación y gestión del territorio en temas ambientales, sociales, económicos y catastrales. Este Sistema establecido por el IGAC sería  el segundo en el país”,  manifestó el Director General del IGAC.

Los 31 municipios donde se realizarán los estudios de suelos serán Abrego, Arboledas, Bochalema, Cáchira, Cácota, Chicánota, Chitagá, Convención. Cúcuta, Cucutilla, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, Herrán, La Esperanza, La Playa, Los Patios, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, San Calixto, San Cayetano, Sardinata, Silos, Teorama, Tibú (priorizado en el posconflicto), Toledo y Villa del Rosario.

Las bondades de un estudio de suelos

Los estudios de suelo permiten mejorar un territorio en diversos frentes, tales como actualización catastral, ordenamiento territorial y de cuencas hidrográficas, gestión del riesgo, planes de mejoramiento productivo del suelo, protección ambiental y estimación de volumen de riego.

“Los estudios de suelos son insumos básicos del ordenamiento del territorio, ya que a través de la definición de sus características, vocación y actividades productivas, se pueden formular las estrategias de desarrollo, manejo sostenible, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo”, apuntó Nieto Escalante.

El Director del IGAC fue enfático en asegurar que este tipo de estudios le permite a las entidades territoriales hacer una gestión integral de sus recursos naturales y brindar a sus pobladores herramientas para la conservación de zonas con susceptibilidad ambiental, manejo del riesgo y la implementación de proyectos productivos adecuados de manera consecuente con los lineamientos legales.